La Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana (CAL) inició este 23 de septiembre una campaña para reclamar que la delegación que acuda a la Feria del Libro de Frankfurt de 2007, donde la cultura catalana será la invitada, esté formada únicamente por autores en catalán, y se excluya a los escritores catalanes que producen su obra en castellano.

El portavoz de la CAL, David Vila, argumentó en una rueda de prensa que la literatura catalana es aquella “concebida y escrita en la lengua propia de los países catalanes” y por ello ha pedido a la Generalitat que la delegación que acuda a la feria, y que será la más importante del sector, esté compuesta únicamente por autores que escriben en catalán.

Vila ha recalcado que “convidar a los autores en lengua castellana residentes en el Principado es un engaño, ya que estos autores ya están representados por otra cultura: la española”.

En este sentido ha subrayado que “si el gobierno de la Generalitat considera como literatura catalana aquella escrita dentro de los límites del Principado, también ha de convidar a la escrita en cualquiera de las otras 300 lenguas que se hablan, ya que en caso contrario las está discriminando”.

Asimismo, añade que en caso de que para la invitación se tenga en cuenta la literatura escrita en las lenguas oficiales, la Generalitat debería “convidar también, junto a la española, a la francesa, ya que es la lengua oficial en la Cataluña Norte (sur de Francia), territorio explícitamente convidado por los organizadores de la Feria”.

Para Vila, la decisión de incluir autores en castellano en el certamen de Frankfurt es una “decisión política” y “respondería por un lado a una falta de voluntad normalizadora” y también “a querer presentar la literatura catalana como supeditada a la literatura española”.

El portavoz añadió que habrá que esperar a la presentación por parte de la Consellería de Cultura de la Generalitat del programa general definitivo que se llevará a la Feria, el próximo mes de octubre, antes de “decidir si es necesario tomar otras medidas de presión desde la sociedad civil”.

Fuente: La Vanguardia