Se trata de cuatro obras de autores puertorriqueños, además de la novela breve Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Mairym Cruz-Bernal, presidenta del PEN Club de Puerto Rico, calificó la medida de “intolerable”. Escritores puertorriqueños se manifiestan en contra del Departamento de Educación.

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El subsecretario para Asuntos Académicos del Departamento de Educación de Puerto Rico, doctor Juan J. Rodríguez,  prohibió “terminantemente”, el pasado viernes 11 de septiembre, el uso de cinco libros en las escuelas públicas que se encuentran bajo la administración del ente, por considerar que los mismos “contienen un vocabulario y lenguaje inaceptable, por ser extremadamente burdo y soez”, según se indicó en un comunicado.

Los libros prohibidos por la instancia gubernamental son Antología personal, de José Luis González; El entierro de Cortijo, de Edgardo Rodríguez Juliá; Mejor te lo cuento: antología personal, de Juan Antonio Ramos; Reunión de espejos, de José Luis Vega, y Aura, del mexicano Carlos Fuentes.

“El Departamento se dio cuenta de la existencia de estos libros mediante la revisión ordenada por el secretario, Carlos Chardón, de todos los textos de sistema. De hecho, el secretario prohibió la compra de reposición de libros desde enero, hasta que no se verifiquen en su totalidad”, indica Rodríguez.

Los libros habían sido adquiridos en julio del año pasado por la entonces subsecretaria para Asuntos Académicos de la pasada administración, doctora Yolanda Vilches Norat, y estaban destinados a los estudiantes del undécimo grado del Programa de Español. El actual subsecretario piensa que estos libros, “aunque son apropiados para adultos, son altamente inapropiados para adolescentes”.

“Queremos que quede muy claro que de ninguna manera estamos censurando a estos escritores, simplemente es que el material no es apropiado para menores”, continúa Rodríguez, agregando que Chardón ha ordenado la revisión de todos los libros del sistema pues “son varios los que contienen errores crasos, unos de ortografía, otros de contenido”, indicó.

En respuesta a este hecho, Mairym Cruz-Bernal, presidenta del PEN Club de Puerto Rico, afirmó este 14 de septiembre en un comunicado que “impedir que cinco obras fundamentales de la literatura latinoamericana sean leídas por estudiantes de undécimo grado de las escuelas de Puerto Rico, es censura”.

“Recordemos que toda una tradición de dictaduras en América Latina buscó su fundamento en la censura, el analfabetismo, la ignorancia y la pobreza”, agrega Cruz-Bernal, para quien “toda censura a un autor es también una censura a sus lectores”.

“Esta desatinada determinación de parte de las autoridades del DE prohíbe que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de conocer esta importante literatura como ejercicio pleno de su libertad de conocer y de conocerse. Todo libro que despierte conciencia en los ciudadanos de su sentido de identidad, que nos identifique como puertorriqueños y que declare nuestra historia, lucha, y persistencia como pueblo y como parte de una tradición hispana, tiene como riesgo la censura en Puerto Rico”, continúa el comunicado.

Cruz-Bernal calificó el hecho de “intolerable” y manifestó la enérgica reacción del PEN “contra todo atentado de censura a nuestros escritores y hermanos latinoamericanos, en este caso Carlos Fuentes, en un acto contradictorio para la democracia y el crecimiento maduro de nuestros jóvenes”. El PEN exigió una rectificación de este “episodio dramático que atenta contra la libertad y la expresión de las ideas, amenaza la enseñanza adecuada y plural de nuestros jóvenes, y nos entorpece el acceso a las realidades urgentes que deben discutirse en el aula escolar”.

El hecho ha recibido, además, expresiones de repudio de parte de diversos escritores puertorriqueños. La reconocida narradora Ana Lydia Vega recuerda que “la censura oficial de una alegada ‘obscenidad’ literaria ha sido pretexto fariseo para la supresión de ideas incomodantes”, y se pregunta si bajo ese argumento se estará desarrollando “alguna torpe maniobra de purificación ideológica”.

Para Mayra Santos Febres, “el principal deber de un maestro es educar”, lo que implica no “proveer datos y reglas de moral sino despertar en el estudiante la curiosidad por saber”. La narradora se pregunta “cómo van a aprender a pensar nuestros estudiantes, si no tienen en su currículo libros —es decir, material de reflexión— qué conectar con su vida”.

Luce López-Baralt expresó su “férrea oposición” a la decisión del Departamento de Literatura. “El desconocimiento literario que esta medida implica es lamentable pero evidente: de seguir fielmente estas directrices, tendríamos que retirar del currículo las obras más importantes de nuestras letras, pues, leídas por un lector avisado, todas tienen, de un modo u otro, alusiones sexuales que el Departamento de Educación consideraría ‘impropias’ ”.

Según Mario R. Cancel, “las reservas morales manifiestas por las autoridades de educación no les permiten comprender que los problemas que reconocen en las generaciones jóvenes dependen menos de lo que leen —o podrían leer— que de lo que ven cotidianamente en la vida pública. Censurar las presuntas inmoralidades de unos cuantos libros mientras se tolera la inmoralidad en los nichos del poder es injusto”.

Para Marta Aponte Alsina, “hay que cuestionar minuciosamente a los burócratas actuales del DE sobre los valores, gustos y criterios que aplican para seleccionar unos libros y censurar otros. Después de todo son empleados gubernamentales, y los libros se compran con fondos públicos”. Arturo Echavarría, por su parte, opina que “se trata no sólo de una intervención indebida que coarta el derecho que tiene el estudiante puertorriqueño a conocer su propia tradición literaria, sino que atenta contra la libertad en que se fundamenta toda expresión artística”.

“Los burócratas de la educación en Puerto Rico se autorizan primero como ignorantes para ejercer su función”, opina Aurea María Sotomayor. “Paradójicamente, el propósito de estos promotores de la educación es regar la ignorancia sistemáticamente y obstaculizar el pensamiento”, prosigue.

Según Néstor Barreto, el gobierno puertorriqueño quiere “ocupar todos los espacios de poder posibles”, para lo cual utiliza actitudes “protofascistas” que, en su opinión, “ya debían ser obvias para los que en su rol de intelectuales velan por no perder y en todo caso ampliar las modestas conquistas de nuestros productores culturales en el ámbito editorial y educacional”.

Tina Casanova recordó la reducción de espacios literarios en los medios, la desaparición de librerías y el desmantelamiento del programa de literatura infantil Lee y Sueña. “Y ahora esto. Nos acorralan, nos eliminan con superfluos argumentos hipócritas”. Para Etnairis Rivera, “censura es sinónimo de tiranía”.

Lilliana Ramos Collado advierte que “los libros suprimidos son obras dirigidas a la crítica social del presente histórico”, lo que en su opinión es el verdadero motivo de la prohibición. “Esta censura tardía nada tiene que ver con la moral, sino con el gesto torpe de acallar la reflexión acerca de los que nos rodea”. Marie Ramos Rosado calificó la medida de “fundamentalista e inquisitoria” y recordó que la censura “nos hace retroceder en el tiempo y pensar que volvimos a los tiempos de la Inquisición”.

Según el poeta, narrador y ensayista Alberto Martínez-Márquez, la decisión gubernamental pone de manifiesto “un nuevo puritanismo que pretende complacer al sector antiintelectual del Partido Nuevo Progresista (PNP), a los fundamentalistas cristianos y a los sectores moralistas del país”. Indicó, además, que lo expresado por el subsecretario Rodríguez “deja mucho que desear viniendo de una persona que ostenta el grado de académico de la primera institución universitaria del país, demostrando así una crasa ignorancia por la producción e historia literarias de nuestra nación boricua”.

Fuentes: Lectura Ordinaria • PEN Club de Puerto Rico